Ciudad de México.- El presidente Enrique Peña Nieto devolverá al Senado, para su análisis, el artículo 32 incisos b) y c) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y otros 15 relacionados.
El consejero Jurídico del gobierno federal, Humberto Castillejos Cervantes, añadió que estos artículos señalan “que todo particular, sea un individuo o una empresa, que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del Gobierno, debe presentar sus declaraciones patrimoniales, es decir, dar a conocer a la autoridad todo su patrimonio, y la de intereses”.
Además, señala que “todas las personas que trabajan en una empresa que contrate con el Gobierno, es decir, la totalidad de los trabajadores de una empresa, sin importar su función dentro de la misma, tendrían que presentar estas dos declaraciones”.
Refirió que “el Gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones”.
Apuntó que “también inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos, y lo más importante: afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones, como beneficiarios del Programa PROSPERA o los becarios del CONACyT, entre otros”.
Humberto Castillejos aseguró que “con la convicción de que las críticas a estos artículos han señalado un problema real a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción, y que esta medida resultaría contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución General de la República al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos, e incluso de extranjeros que no viven en el país pero trabajan en una empresa trasnacional, el Presidente de la República está proponiendo modificaciones para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción”.
Resaltó que “esto de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado”.
Destacó que el Sistema Nacional Anticorrupción “prevé herramientas novedosas y útiles para dicho propósito, como por ejemplo la manifestación caso por caso y contratación por contratación, de no estar el particular y el servidor público que intervenga en la contratación frente a un conflicto de interés, así como las penas en que incurrirían por actos de corrupción, que van desde sanciones económicas hasta la disolución de las empresas, y en su caso penas de prisión”.
